La Diputación de Castellón es el tercer gobierno provincial de España en gestión de trámites electrónicos

Escrito por: Patricia Nuño Fecha jueves 11, mayo 2017 Categoría: Certificado digital, Eventos, Firma Electrónica, Notificaciones Electrónicas

La Diputación de Castellón se ha posicionado como el tercer gobierno provincial líder en gestión de trámites administrativos electrónicos.

Durante el año anterior, la Diputación de Castellón ha gestionado un total de 6.342 trámites administrativos electrónicos, evitando de esta manera que los ciudadanos y ciudadanas castellonenses se desplazaran a edificios oficiales o perdieran tiempo aportando presencialmente certificados para realizar trámites administrativos.

Gracias al uso de un servidor que centraliza todas las peticiones de los usuarios y que ofrece las ventajas de la firma digital  para poder acceder a los diferentes servicios de las administraciones públicas, se han realizado 10,95 transmisiones de información por cada 1.000 habitantes de la provincia.

Entre los factores que han impulsado a la Diputación de Castellón a consolidarse como una provincia líder en transformación digital, se encuentra este tipo de soluciones informáticas. En concreto, la utilización del producto Agente SC, diseñado por la empresa valenciana Ivnosys Soluciones.

A nivel estatal, la de Castellón es la tercera institución provincial de España que más ha utilizado la Plataforma de Intermediación del Estado, si, una vez más, tenemos en cuenta la tasa de transmisiones por ciudadano solicitante. Solo se encuentran por delante las diputaciones de Albacete y de Bizkaia.

Según estudios de la Unión Europea referenciados en el Manual de Reducción de Cargas Administrativas de la FEMP, la obtención de cada uno de estos certificados en papel de otras administraciones tiene un coste para ciudadanos y empresas de 30 euros. Además, de esta forma se está cumpliendo con los actuales requerimientos de la Ley 39/2015 (también conocida como Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). Esta ley entró en vigor a principios de octubre de 2016 y en ella se recalca que los ciudadanos no necesitan aportar presencialmente documentación en sus trámites con la Administración Pública.

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